AMNISTÍA INTERNACIONAL EE.UU.
SUMARIO

30 enero de 2007

"En qué idioma tengo que hablar para que entiendan lo que digo, a una niña la están golpeando y violando..." fue lo que informó un testigo a los servicios de emergencia en febrero de 2001 durante el caso de Lilia Alejandra García Andrade, luego de que la policía no respondiera a una llamada previa. Tres días después Lilia Alejandra fue encontrada muerta en Ciudad Juárez, México.

En México y Guatemala, los asesinatos de mujeres están alcanzando índices alarmantes, pero los autores de los mismos, en su gran mayoría, nunca son llevados ante la justicia. Este escándalo ha llevado a los familiares de las víctimas a referirse al problema como un "feminicidio", la expresión más extrema de la violencia basada en el genero sexual que es aceptada culturalmente y por el Estado cuando sus leyes no penalizan la violencia contra las mujeres, y por lo cual la negligencia o la falta de voluntad política tiene como resultado una impunidad casi total para los autores de tal brutalidad.

Según un análisis exhaustivo realizado por Amnistía Internacional, aproximadamente 400 mujeres jóvenes han sido asesinadas o secuestradas en las ciudades de Juárez y Chihuahua en México desde 1993. En Guatemala, más de 2.500 mujeres y niñas han sido asesinadas desde 2001. En México, la brutalidad con la cual los agresores secuestran y asesinan a las mujeres va más allá del homicidio en un número importante de casos. Muchas entre las mujeres son detenidas durante varios días y sometidas a humillaciones, torturas y a la violencia sexual más horrorosa antes de ser asesinadas. En Guatemala, algunas de las víctimas fueron degolladas, golpeadas, o recibieron disparos o puñaladas. Muchos de los cuerpos mostraban signos de violación, tortura, mutilación o desmembramiento. Se piensa en una variedad de motivos y se encuentran involucrados tanto los actores estatales como aquellos no estatales, pero en todos los casos el sexo de la víctima es un factor significativo, tanto en el tipo de violencia perpetrada como en el nivel de respuesta por parte de las autoridades.

Mientras que Amnistía Internacional reconoce que se han tomado algunas medidas positivas para evitar la violencia contra las mujeres en México y Guatemala, dichos avances son menoscabados en forma frecuente. Durante la administración del presidente mexicano Vicente Fox, una fiscal especial federal revisó 205 casos en Ciudad Juárez y confirmó los hallazgos de Amnistía Internacional acerca de que había evidencia de negligencia por parte de los funcionarios locales. Recomendó que el fiscal del estado de Chihuahua considerara procesos judiciales administrativos o penales contra 177 funcionarios del estado que hayan sido negligentes en el manejo de dichos casos. Amnistía Internacional tiene conocimiento de que se emitieron órdenes de arresto sólo para dos funcionarios. Más tarde estas órdenes fueron canceladas.

A principios de 2006, la "Ley de Violaciones" (Artículo 200) de Guatemala, por la cual un violador podía evadir los cargos al ofrecerle matrimonio a su víctima, fue considerada inconstitucional. Sin embargo, las leyes que abordan la violencia contra las mujeres en Guatemala continúan siendo insuficientes de forma preocupante. Por ejemplo, la ley de Guatemala prohíbe el abuso doméstico, pero no proporciona condenas para casos de abuso doméstico y evita que los abusadores sean acusados por agresión si las heridas no permanecen visibles por lo menos durante 10 días. La Fiscal Especial de Delitos Contra Mujeres de Guatemala informó que su oficina recibe aproximadamente 800 denuncias de violencia doméstica por mes, y algunos de esos casos terminaron en asesinatos que podrían haberse evitado si la ley guatemalteca hubiera previsto condenas en los casos de violencia doméstica. A partir de junio de 2006, de los más de seiscientos casos de homicidios de mujeres denunciados en 2005, de los que tiene conocimiento Amnistía Internacional, sólo se han efectuado dos condenas.

RECOMENDACIONES DE AMNISTÍA INTERNACIONAL EE.UU.:

- Apoyar la Resolución de la Cámara 100 solidarizándose con los familiares de las mujeres y niñas asesinadas en Guatemala e instando al Departamento de Estado a tomar medidas específicas para abordar este problema junto con el gobierno guatemalteco.

- Instar al Secretario de Estado y al Embajador de los EE.UU. en México a que implementen recomendaciones específicas de la Resolución Concurrente del Congreso en Juárez, la cual fuera aprobada unánimemente en mayo de 2006, incluyendo las medidas para garantizar que el tratamiento de estos horrorosos asesinatos forme parte de la agenda bilateral de EE.UU. y México.